Los testimonios de dolor de los pocos sobrevivientes
Por: Marta Platía 25.07.2008Clarín.com
A lo largo de un juicio a Menendez y otros represores, en el que por momentos el infierno pareció abrir una sucursal en la sala de audiencias, nadie que haya escuchado los testimonios de los sobrevivientes y testigos del campo de exterminio de La Perla, podrá olvidarlos fácilmente.
Sus voces recordando la muerte de los compañeros. El martirio que se corporizaba en las manos y las risotadas de los torturadores que disfrutaban atormentando cuerpos a picana y golpes. Allí estuvo Teresa Meschiatti: "Durante un mes mi vagina olió a carne podrida", detalló; y la lúgubre lotería, en medio de la noche, de los traslados que no eran otra cosa que el asesinato planificado por bala o tortura y la desaparición de los cadáveres en fosas comunes.
¿Cómo olvidar, entonces, a Cecilia Suzzara, cuando relató que luego de días de picana y submarinos la obligaron a guiarlos a la casa de su amiga Silvina Parodi, embarazada de ocho meses? Silvina y su esposo Daniel Orozco todavía están desaparecidos, y Sonia Torres, la mamá de Silvina, todavía busca a su nieto nacido en cautiverio.
¿Y cómo hizo usted para seguir con la vida?, le preguntó un abogado. "Yo no pude volver a vivir. Yo me morí en La Perla", contestó la mujer quebrada por el dolor y una culpa que jamás la abandonó, y que sus cancerberos parecen desconocer.
O a María Victoria Roca, una todavía hermosa mujer que contó cómo, por su belleza, la desnudaron y la torturaron entre 20. O el relato de la insoportable escena de la muerte en directo de Falik de Vergara, "una chiquita rubia, muy joven" que le obligaron a ver a Liliana Callizo: "No, nunca me voy a poder olvidar del chisperío que salía de las picanas. El cuerpo de Falik se arqueaba y se sacudía en la mesa de torturas. Hasta le tiraban baldazos de agua para matarla más rápido. Es que era Navidad y todos querían terminar para irse a sus casas".
Y la voz segura, clara, acusadora de Meschiatti cuando le dijo al Tribunal, a pesar de vivir hace más de 24 años en Suiza: "No señores, pueden pasar varias vidas, pero de la tortura no se vuelve jamás".
O el testimonio de José Adolfo Caro: el morguero que ayudó a localizar las fosas comunes del Cementerio de San Vicente. Caro, un hombre que puede leer en los cadáveres y hasta reconocerlos en sus parientes vivos. "En el '81 llegó una mujer rubia, con una cicatriz en la pierna que buscó a su hijo por todo el país, y yo la miré y le dije: Señora, ¿por casualidad su hijo era igual a usted pero con el pelo corto? Y ella lloró, y yo pensé qué bruto, cómo se lo dije así, pero le desenterré el cuerpo del chico porque yo me acordaba bien de su cara y de que lo había enterrado una noche que llovía
Y a Soledad Chávez, la hija mayor de Hilda Flora Palacios, cuando explicó lo que significaba crecer con "una mamá que era una foto en un cartel. una cara sonriente, atemporal, que no envejece, ni se ríe ni llora".
viernes, 25 de julio de 2008
jueves, 24 de julio de 2008
Esclavitud textil
Liberaron a 37 bolivianos que mantenían esclavizados en un taller textil de Longchamps
24.07.2008Clarín.com
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Vivían hacinados en una habitación de 24 metros cuadrados, les pagaban $1 por prenda confeccionada y los obligaban a comprar comida sobrevaluada a la suegra del dueño. Entre los rescatados hay seis chicos de entre 3 y 11 años. La Policía detuvo a tres personas, todos miembros de una familia.
Treinta y siete bolivianos, ente ellos seis menores, que trabajaban en condiciones de esclavitud en un taller textil fueron liberados hoy en tres allanamientos realizados en la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown.
Fuentes judiciales informaron que las 37 víctimas vivían hacinadas en el mismo taller de tan sólo 24 metros cuadrados, que les pagaban un peso por prenda confeccionada y los obligaban a comprar comida a precios sobrevaluados en el mercado de la suegra del dueño del taller.
Por el caso hay tres detenidos, todos miembros de una familia también de nacionalidad boliviana, aunque el máximo responsable del taller clandestino está prófugo y se lo busca en el norte del país, dijo a Télam el capitán Marcelo Andrada, a cargo del operativo.
El principal procedimiento se realizó en Bolívar 3331 donde fueron liberadas las 37 personas, entre ellas seis chicos de entre 3 y 11 años. Los 37 bolivianos no sólo trabajaban sino que también vivían y dormían en el mismo taller que estaba emplazado en una construcción precaria de 8 metros por 3. Durante los operativos, se secuestraron maquinaria textil, dinero y prendas, precisó Andrada.
La investigación se inició en noviembre pasado cuando una de las personas esclavizadas logró escapar y contó lo sucedido a los vecinos que radicaron la denuncia. La fiscal Karina López de Lomas de Zamora ordenó entonces tareas de inteligencia en el domicilio y escuchas telefónicas y tras varios meses de investigación obtuvo hoy los allanamientos.
Los investigadores determinaron que las familias bolivianas que trabajaban allí eran traídas engañadas al país con la falsa promesa de trabajo digno y la obtención de la ciudadanía argentina. "Sin embargo, ni bien llegaban al país eran recluídos en el taller donde los tenían encerrados con candado", explicó la fuente judicial.
El lugar sólo cuenta con un baño de un metro por un metro donde hay un inodoro, al que sólo accedían pidiendo permiso, y las duchas estaban al aire libre. Las fuentes también contaron que a los trabajadores sólo se les pagaba un peso por pantalón y sólo al jefe del grupo familiar.
24.07.2008Clarín.com
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Vivían hacinados en una habitación de 24 metros cuadrados, les pagaban $1 por prenda confeccionada y los obligaban a comprar comida sobrevaluada a la suegra del dueño. Entre los rescatados hay seis chicos de entre 3 y 11 años. La Policía detuvo a tres personas, todos miembros de una familia.
Treinta y siete bolivianos, ente ellos seis menores, que trabajaban en condiciones de esclavitud en un taller textil fueron liberados hoy en tres allanamientos realizados en la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown.
Fuentes judiciales informaron que las 37 víctimas vivían hacinadas en el mismo taller de tan sólo 24 metros cuadrados, que les pagaban un peso por prenda confeccionada y los obligaban a comprar comida a precios sobrevaluados en el mercado de la suegra del dueño del taller.
Por el caso hay tres detenidos, todos miembros de una familia también de nacionalidad boliviana, aunque el máximo responsable del taller clandestino está prófugo y se lo busca en el norte del país, dijo a Télam el capitán Marcelo Andrada, a cargo del operativo.
El principal procedimiento se realizó en Bolívar 3331 donde fueron liberadas las 37 personas, entre ellas seis chicos de entre 3 y 11 años. Los 37 bolivianos no sólo trabajaban sino que también vivían y dormían en el mismo taller que estaba emplazado en una construcción precaria de 8 metros por 3. Durante los operativos, se secuestraron maquinaria textil, dinero y prendas, precisó Andrada.
La investigación se inició en noviembre pasado cuando una de las personas esclavizadas logró escapar y contó lo sucedido a los vecinos que radicaron la denuncia. La fiscal Karina López de Lomas de Zamora ordenó entonces tareas de inteligencia en el domicilio y escuchas telefónicas y tras varios meses de investigación obtuvo hoy los allanamientos.
Los investigadores determinaron que las familias bolivianas que trabajaban allí eran traídas engañadas al país con la falsa promesa de trabajo digno y la obtención de la ciudadanía argentina. "Sin embargo, ni bien llegaban al país eran recluídos en el taller donde los tenían encerrados con candado", explicó la fuente judicial.
El lugar sólo cuenta con un baño de un metro por un metro donde hay un inodoro, al que sólo accedían pidiendo permiso, y las duchas estaban al aire libre. Las fuentes también contaron que a los trabajadores sólo se les pagaba un peso por pantalón y sólo al jefe del grupo familiar.
Condena a genocidas
Condena histórica: perpetua para Menéndez en una cárcel común
24.07.2008Clarín.com
Lo dispuso el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba. Es por el secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes en 1977. Más temprano, el represor justificó los crímenes cometidos por la dictadura. Y dijo: "Los guerrilleros de los 70 están en el poder". Además, otros cuatro acusados recibieron perpetua y tres, penas que van de 18 a 22 años de prisión.
El represor Luciano Benjamín Menéndez fue condenado esta tarde a prisión perpetua por el secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes, ocurridos en 1977. De acuerdo al fallo, dictado por el Tribunal Oral Nº1 de Córdoba, el ex jefe del III Cuerpo de Ejército deberá cumplir la pena en una cárcel común, tal como había reclamado la querella.
Menéndez, quien más temprano había defendido con énfasis la represión ilegal, escuchó el veredicto en silencio. Como reflejo de la enorme expectativa que había generado el proceso, la lectura fue seguida en primera persona por el gobernador de la provincia, Jorge Schiaretti; su vice, Héctor "Pichi" Campana, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros integrantes de organismos de derechos humanos.
Además de Menéndez -cerebro de la represión ilegal en Córdoba- otros cuatro represores también deberán cumplir prisión perpetua en un penal común. Se trata de Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Además, Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron sentenciados a 22 años de cárcel, mientras que Carlos Alberto Vega fue sentenciado a 18 años.
Todos fueron condenados por los crímenes de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ocurridos en 1977.
La sentencia fue recibida con alegría por los militantes de derechos humanos, que desde bien temprano se concentraron frente a los Tribunales de la capital cordobesa. Allí se instaló una pantalla gigante que transmitió en directo las alternativas del veredicto.
En sus últimas palabras antes del veredicto, Menéndez había justificado la represión llevada adelante por la dictadura, al manifestar que se trataba de "una guerra" con las organizaciones ERP y Montoneros. Su discurso, en el que citó a Lenin y Gramsci, se interrumpió por los insultos de un grupo de familiares de víctimas, que terminaron desalojados.
"Los delincuentes subversivos ensangrentaron el país durante 10 años, en los cuales asesinaron a 1.500 personas", lanzó el represor, al tiempo que se quejó porque "este es el primer país que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas". Y agregó: "Los marxistas no conciben la armonía y la concordia sino el conflicto permanente".
Dentro del recinto se vivieron algunos momentos de tensión: promediando el discurso, Menéndez recibió insultos. El presidente del Tribunal lo interrumpió y a los gritos le pidió a la Policía que desalojara a un grupo de personas. Hubo forcejeos y más discusiones, pero el discurso pudo continuar.
Menéndez repitió varias veces la palabra "guerra" y remató su discurso con un mensaje político. "Antes los terroristas estaban en la ilegalidad, ahora pretenden ser ciudadanos atados a la Constitución. Confío en que los guerrilleros del 70 ahora en el poder no puedan imponer su régimen autoritario", disparó.
La condena a Menéndez estuvo a tono con lo solicitado por la Fiscalía y la querella. La defensa del represor, al reclamar su absolución, había denunciado en su alegato "inseguridad jurídica", reivindicando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El argumento fue rechazado de plano por los integrantes del Tribunal.
24.07.2008Clarín.com
Lo dispuso el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba. Es por el secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes en 1977. Más temprano, el represor justificó los crímenes cometidos por la dictadura. Y dijo: "Los guerrilleros de los 70 están en el poder". Además, otros cuatro acusados recibieron perpetua y tres, penas que van de 18 a 22 años de prisión.
El represor Luciano Benjamín Menéndez fue condenado esta tarde a prisión perpetua por el secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes, ocurridos en 1977. De acuerdo al fallo, dictado por el Tribunal Oral Nº1 de Córdoba, el ex jefe del III Cuerpo de Ejército deberá cumplir la pena en una cárcel común, tal como había reclamado la querella.
Menéndez, quien más temprano había defendido con énfasis la represión ilegal, escuchó el veredicto en silencio. Como reflejo de la enorme expectativa que había generado el proceso, la lectura fue seguida en primera persona por el gobernador de la provincia, Jorge Schiaretti; su vice, Héctor "Pichi" Campana, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros integrantes de organismos de derechos humanos.
Además de Menéndez -cerebro de la represión ilegal en Córdoba- otros cuatro represores también deberán cumplir prisión perpetua en un penal común. Se trata de Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Además, Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron sentenciados a 22 años de cárcel, mientras que Carlos Alberto Vega fue sentenciado a 18 años.
Todos fueron condenados por los crímenes de Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ocurridos en 1977.
La sentencia fue recibida con alegría por los militantes de derechos humanos, que desde bien temprano se concentraron frente a los Tribunales de la capital cordobesa. Allí se instaló una pantalla gigante que transmitió en directo las alternativas del veredicto.
En sus últimas palabras antes del veredicto, Menéndez había justificado la represión llevada adelante por la dictadura, al manifestar que se trataba de "una guerra" con las organizaciones ERP y Montoneros. Su discurso, en el que citó a Lenin y Gramsci, se interrumpió por los insultos de un grupo de familiares de víctimas, que terminaron desalojados.
"Los delincuentes subversivos ensangrentaron el país durante 10 años, en los cuales asesinaron a 1.500 personas", lanzó el represor, al tiempo que se quejó porque "este es el primer país que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas". Y agregó: "Los marxistas no conciben la armonía y la concordia sino el conflicto permanente".
Dentro del recinto se vivieron algunos momentos de tensión: promediando el discurso, Menéndez recibió insultos. El presidente del Tribunal lo interrumpió y a los gritos le pidió a la Policía que desalojara a un grupo de personas. Hubo forcejeos y más discusiones, pero el discurso pudo continuar.
Menéndez repitió varias veces la palabra "guerra" y remató su discurso con un mensaje político. "Antes los terroristas estaban en la ilegalidad, ahora pretenden ser ciudadanos atados a la Constitución. Confío en que los guerrilleros del 70 ahora en el poder no puedan imponer su régimen autoritario", disparó.
La condena a Menéndez estuvo a tono con lo solicitado por la Fiscalía y la querella. La defensa del represor, al reclamar su absolución, había denunciado en su alegato "inseguridad jurídica", reivindicando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El argumento fue rechazado de plano por los integrantes del Tribunal.
martes, 15 de julio de 2008
Aborto
En la Argentina, por cada dos nacimientos hay un aborto. 15.07.2008
Cada año nacen más de 730 mil chicos y se practican unos 460 mil abortos inducidos. Es por la escasa educación sexual y mal uso de anticonceptivos. Además, faltan políticas de prevención. Afecta más a las mujeres de menores recursos.
Por: Pilar Ferreyra
Cada dos nacimientos se produce un aborto. En la Argentina, cada año nacen 736.261 niños y niñas, y se realizan unos 460.000 abortos inducidos, según surge de datos oficiales. La información corresponde a los indicadores de natalidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de 2004 y a un estudio sobre morbilidad materna severa del Ministerio de Salud de la Nación, que incluyó la estimación de la cantidad de abortos inducidos que se llevan a cabo en nuestro país, con base en dos metodologías internacionales que sólo se aplican en países donde el aborto no está legalizado.
De los 210 millones de embarazos que se producen en el mundo cada año, alrededor de 46 millones concluyen en abortos inducidos. De estos últimos, 20 millones son considerados inseguros. De acuerdo a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, "un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen de entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos". El 95 por ciento de los abortos inseguros se realiza en los países en desarrollo. La Federación Internacional de Planificación de la Familia calcula que en América latina y el Caribe se practican cuatro millones de abortos inseguros por año. Y el 70 por ciento de ellos, en mujeres menores de 30 años. De acuerdo a la médica epidemióloga Mariana Romero, investigadora del Centro del Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y del Conicet, las causas que explican la magnitud de los abortos en nuestro país son (en este orden de prioridad): El desigual acceso a métodos anticonceptivos, como consecuencia de la pobreza y de que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) del Ministerio de Salud de la Nación no siempre funciona apropiadamente. La incipiente implementación del programa de atención post aborto.
La falta de garantía en el acceso a los abortos no punibles (para salvar la vida o la salud de la madre, en caso de violación o cuando la mujer es demente).
La falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas de todo el país.
A estos datos se suma que, 4,6 millones de mujeres de todo el país de entre 15 y 49 años, que no cuentan con cobertura médica alguna, podrían estar recibiendo anticonceptivos gratuitos e información sobre qué anticonceptivos son los más apropiados para cada una de ellas. Sin embargo, al día de hoy, apenas 1,2 millón de mujeres están bajo los tratamientos del PNSSyPR. Estamos regularizando la situación progresivamente y aspiramos a que 1,7 millón de mujeres estén cubiertas por el programa al finalizar 2008 , adelantó a Clarín Ana Suppa, coordinadora del PNSSyPR.
La gravedad del asunto es que en el país la cantidad promedio de egresos hospitalarios de mujeres a causa de complicaciones por aborto creció un 27,5 por ciento entre 1995 y 2005. Esto, según estadísticas que releva el Ministerio de Salud de la Nación cada cinco años. Así, en el año 1995 hubo 53.978 egresos de mujeres que ingresaron a los hospitales estatales a raíz de la complicación de un aborto, y en el año 2005 hubo 68.869 (aunque estos datos son parciales porque ni Salta ni Tucumán aportaron aún sus reportes). Vale aclarar que los registros de los egresos hospitalarios por aborto no distingue entre los abortos espontáneos y los provocados.
De los egresos hospitalarios por aborto de 2005, casi la mitad correspondió a mujeres de entre 20 y 29 años y el 16 por ciento a menores de 19 años.
Mejorar el acceso a la anticoncepción y la puesta en marcha de la educación sexual en las escuelas son las únicas estrategias probadas como eficaces para la reducción del número de embarazos no deseados y con eso, del número de abortos , indicó la investigadora senior del CEDES, Silvina Ramos, vicepresidente del comité de política y coordinación del programa de reproducción humana de la Organización Mundial de la Salud. También habría que hacer cumplir el Código Penal para que las mujeres no mueran más por abortos que no son punibles .
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación -cuyas autoridades prefirieron no opinar sobre la problemática del aborto- en la Argentina mueren alrededor de cien mujeres en edad fértil por año a consecuencia de complicaciones de abortos inseguros, y estas complicaciones representan la primera causa de mortalidad materna. Así como un número difícil de determinar vive el resto de su vida con secuelas en su salud por prácticas realizadas sin un mínimo indispensable de asepsia. Algunas de las explicaciones que tiene por objeto difundir la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación: Dada la ilegalidad del aborto, muchas mujeres deben recurrir a procedimientos inseguros para interrumpir un embarazo poniendo en riesgo su salud y su vida. Las mujeres frecuentemente enfrentan barreras que demoran la búsqueda de atención médica dada la clandestinidad legal, social y familiar en las que se realiza la práctica. A estas razones debe agregarse, además, la incapacidad o falta de disposición de los servicios de salud para dar una respuesta oportuna y efectiva a las mujeres que acuden a ellos .
Cada año nacen más de 730 mil chicos y se practican unos 460 mil abortos inducidos. Es por la escasa educación sexual y mal uso de anticonceptivos. Además, faltan políticas de prevención. Afecta más a las mujeres de menores recursos.
Por: Pilar Ferreyra
Cada dos nacimientos se produce un aborto. En la Argentina, cada año nacen 736.261 niños y niñas, y se realizan unos 460.000 abortos inducidos, según surge de datos oficiales. La información corresponde a los indicadores de natalidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de 2004 y a un estudio sobre morbilidad materna severa del Ministerio de Salud de la Nación, que incluyó la estimación de la cantidad de abortos inducidos que se llevan a cabo en nuestro país, con base en dos metodologías internacionales que sólo se aplican en países donde el aborto no está legalizado.
De los 210 millones de embarazos que se producen en el mundo cada año, alrededor de 46 millones concluyen en abortos inducidos. De estos últimos, 20 millones son considerados inseguros. De acuerdo a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, "un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen de entrenamiento necesario o que se lleva a cabo en un ambiente donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos". El 95 por ciento de los abortos inseguros se realiza en los países en desarrollo. La Federación Internacional de Planificación de la Familia calcula que en América latina y el Caribe se practican cuatro millones de abortos inseguros por año. Y el 70 por ciento de ellos, en mujeres menores de 30 años. De acuerdo a la médica epidemióloga Mariana Romero, investigadora del Centro del Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y del Conicet, las causas que explican la magnitud de los abortos en nuestro país son (en este orden de prioridad): El desigual acceso a métodos anticonceptivos, como consecuencia de la pobreza y de que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) del Ministerio de Salud de la Nación no siempre funciona apropiadamente. La incipiente implementación del programa de atención post aborto.
La falta de garantía en el acceso a los abortos no punibles (para salvar la vida o la salud de la madre, en caso de violación o cuando la mujer es demente).
La falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual en las escuelas de todo el país.
A estos datos se suma que, 4,6 millones de mujeres de todo el país de entre 15 y 49 años, que no cuentan con cobertura médica alguna, podrían estar recibiendo anticonceptivos gratuitos e información sobre qué anticonceptivos son los más apropiados para cada una de ellas. Sin embargo, al día de hoy, apenas 1,2 millón de mujeres están bajo los tratamientos del PNSSyPR. Estamos regularizando la situación progresivamente y aspiramos a que 1,7 millón de mujeres estén cubiertas por el programa al finalizar 2008 , adelantó a Clarín Ana Suppa, coordinadora del PNSSyPR.
La gravedad del asunto es que en el país la cantidad promedio de egresos hospitalarios de mujeres a causa de complicaciones por aborto creció un 27,5 por ciento entre 1995 y 2005. Esto, según estadísticas que releva el Ministerio de Salud de la Nación cada cinco años. Así, en el año 1995 hubo 53.978 egresos de mujeres que ingresaron a los hospitales estatales a raíz de la complicación de un aborto, y en el año 2005 hubo 68.869 (aunque estos datos son parciales porque ni Salta ni Tucumán aportaron aún sus reportes). Vale aclarar que los registros de los egresos hospitalarios por aborto no distingue entre los abortos espontáneos y los provocados.
De los egresos hospitalarios por aborto de 2005, casi la mitad correspondió a mujeres de entre 20 y 29 años y el 16 por ciento a menores de 19 años.
Mejorar el acceso a la anticoncepción y la puesta en marcha de la educación sexual en las escuelas son las únicas estrategias probadas como eficaces para la reducción del número de embarazos no deseados y con eso, del número de abortos , indicó la investigadora senior del CEDES, Silvina Ramos, vicepresidente del comité de política y coordinación del programa de reproducción humana de la Organización Mundial de la Salud. También habría que hacer cumplir el Código Penal para que las mujeres no mueran más por abortos que no son punibles .
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación -cuyas autoridades prefirieron no opinar sobre la problemática del aborto- en la Argentina mueren alrededor de cien mujeres en edad fértil por año a consecuencia de complicaciones de abortos inseguros, y estas complicaciones representan la primera causa de mortalidad materna. Así como un número difícil de determinar vive el resto de su vida con secuelas en su salud por prácticas realizadas sin un mínimo indispensable de asepsia. Algunas de las explicaciones que tiene por objeto difundir la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación: Dada la ilegalidad del aborto, muchas mujeres deben recurrir a procedimientos inseguros para interrumpir un embarazo poniendo en riesgo su salud y su vida. Las mujeres frecuentemente enfrentan barreras que demoran la búsqueda de atención médica dada la clandestinidad legal, social y familiar en las que se realiza la práctica. A estas razones debe agregarse, además, la incapacidad o falta de disposición de los servicios de salud para dar una respuesta oportuna y efectiva a las mujeres que acuden a ellos .
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